Este es un somero relato de la tragedia que vive nuestra familia hace tres años, con motivo del crimen que llevó a la muerte a nuestro hijo Francisco, de tan solo 19 años, quien fue víctima de un homicidio ocasionado en el Sanatorio Otamendi y Miroli S. A.  prestatario de la prepaga MEDICUS.

Hace ya más de 3 años  y medio que iniciamos la causa penal contra los médicos culpables de su muerte, los cuales luego de un incalificable acto de mala praxis, quisieron ocultar su accionar, trasladándoles su responsabilidad a otros colegas. Lo que representa de por si un crimen aun más grave.

El mismo día de su fallecimiento, 6 de octubre de 2007 04:00 am, y apenas pasadas cinco horas de su muerte, la policía de la comisaría 19, por orden del fiscal de turno, secuestró la historia clínica y esa misma tarde se le practicó la autopsia en la morgue judicial donde se constató el hecho de mala praxis.

Para dar una sintética explicación de lo acaecido, podemos señalar que nuestro hijo fallece por una falla multiorgánica producida por un shock hipovolémico producto de no habérsele suministrado sangre suficiente durante la cirugía, por no haberse realizado las maniobras necesarias durante la intervención para calcular cuánta sangre perdía y así saber cuánta reingresarle a su cuerpo. A pesar de esto Fran no fallece durante la cirugía, sino que los médicos intervinientes en vez de hacer algo para revertir la situación, lo envían a una habitación común en el 3º piso del citado sanatorio, diciéndonos a nosotros y a los médicos de piso que nuestro hijo estaba en excelentes condiciones de salud y que la cirugía había sido un verdadero “éxito”. Después de haberlo dejado agonizando 4 horas, nuestro hijo fallece.

El equipo médico de quirófano externó a Francisco aviesamente a una habitación común, no a terapia intensiva como correspondía en una cirugía de tan larga duración (más de 6 horas) y lo hicieron sin informar a los médicos de piso acerca de la verdadera gravedad del estado en que se encontraba nuestro hijo.

Ante las obvias preguntas nuestras del por qué muere nuestro hijo, el médico jefe de equipo Dr. Gabriel Jungberg nos dice “No sé… no sé. No sé de que murió.” Por eso es que hicimos la denuncia por muerte dudosa y mala praxis en la comisaría de la zona.

En la actualidad el juzgado que tiene la causa, (juzgado de Instrucción en lo criminal y correccional Nº 4 a cargo del juez subrogante Dr. Cilleruelo) ha imputado a 8 médicos y procesado al Dr. Javier Esteban Fligler Anestesiologo. A saber, Dr. Gabriel Jungberg neurocirujano, Dr. Edgardo Agrazo traumatólogo, Dr. Carlos Zanardi neurocirujano, Dr. Sergio Kosac neurólogo, Dr. José María Viniegra traumatólogo, al Técnico en hemoterapia Mariano Melffi, la Sra. María Moore instrumentistay  el Dr. Mario Figueroa Director de Hemoterapia. También tomó declaración testimonial a 30 personas entre médicos, enfermeras, tanto de Terapia Intensiva como de piso, así como también al director médico de esa institución, Dr. Alberto Lambierto quien aceptó según su consideración que se trató de un acto de mala praxis intraoperatorio responsabilizando al equipo médico que efectuó la intervención, que el mismo Sanatorio contrató.

Tenemos la  Historia Clínica, la denuncia, el resultado de la autopsia, exámenes histopatológicos, dos pericias, el informe del médico forense de parte, todas las declaraciones testimoniales, más las pruebas producidas por los allanamientos realizados que refrendan lo anteriormente detallado. También tenemos las declaraciones indagatorias de 8 imputados, aclaramos que solamente el anestesista, la instrumentista y el técnico en hemoterapia declararon, los 5 médicos SE NEGARON A DECLARAR y Director de hemoterapia todavía no fue llamado a indagatoria.

Tenemos sobreabundancia de pruebas, lo que NO tenemos hasta el momento es justicia. A la fecha, a más de 3 años y medio del homicidio, el proceso aun continúa increíblemente en la etapa de Instrucción. Cabe destacar que en Art. 207 CPPN (Código procesal penal de la nación) dice: “La instrucción deberá practicarse en el término de
cuatro (4) meses a contar de la indagatoria. Si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.
Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo.” Destacamos que nuestro caso no es de difícil investigación en cuanto el juzgado cuenta, a diferencia de otras causas, con una infinidad de pruebas, cada una de las cuales, por si sola, ameritan un procesamiento.

En una investigación titulada “La duración del proceso penal de la República Argentina” difundida por la “Fundación Konrad Adenauer” cuyo autor Adrián Marchiso, Director de la oficina de investigación y estadística política criminales de la procuración general de la nación, Ministerio Público Fiscal de la República Argentina dice: Pág. 15 (...) “...del estudio de todos los casos analizados en esta investigación se advierte en promedio que la instrucción dura 11 (once) meses...”

Desde el fallecimiento de nuestro hijo hemos denunciado públicamente que todos estos médicos siguen ejerciendo, siguen operando y tal vez sigan matando o arruinándoles la vida a otros pacientes. Algo terrible e inaudito. Esto lleva a la inmediata reflexión acerca de por qué a un arquitecto, por poner un ejemplo, le retiran la matrícula provisoriamente cuando se cae un edificio, y en el caso de un grupo de médicos, no solo sospechados sino con abundantes pruebas de su culpabilidad, siguen ejerciendo como si nada hubiera ocurrido.

Queremos resaltar que la Mala Praxis que provocó la muerte de nuestro hijo no registra precedentes y si la justicia actúa debidamente se puede sentar importante jurisprudencia, por la cantidad de acciones, omisiones, incumplimientos, encubrimientos e incluso un accionar doloso cometido por parte de los demandados.

Enfatizamos en que todas las dificultades que hemos encontrado en estos años en el ámbito judicial no tenemos dudas de que surgen de enfrentar a la poderosa corporación médica privada. Su influencia no solo es decisiva en el ámbito de la medicina, sino que se manifiesta a veces descaradamente en la esfera de la justicia, a sabiendas de que ella es el último recurso y esperanza de la ciudadanía.

La  medicina privada tristemente se ha convertido en un negocio, hoy más que nunca. Ya no se preocupan por nuestra salud, solo les importa el monto de dinero que ganarán  a costa de nuestras vidas. Deseamos fervientemente que esta realidad del sistema sanitario privado encuentre prontamente un fin, porque todos somos posibles futuras víctimas de su mal obrar, su desidia y su corrupción.

“PARA QUE LA JUSTICIA SEA INJUSTA, NO HACE FALTA QUE SE EQUIVOQUE, BASTA CON QUE NO JUZGUE CUANDO TIENE QUE JUZGAR” Dra. Aida Kelmelmajer de Carlucci